Las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) confiscaron ayer lunes un avión Dassault Falcon 900EX, propiedad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y personas afiliadas a él en Venezuela, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado. La aeronave fue incautada en la República Dominicana y trasladada al sur de Florida, a petición de EE.UU., por violaciones de las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones.
“Esta mañana (2 de septiembre), el Departamento de Justicia confiscó un avión que, según alegamos, fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos para que lo utilizaran Nicolás Maduro y sus secuaces”, declaró el Fiscal General Merrick B. Garland en el comunicado.
El Subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod, agregó: “Que esta incautación envíe un mensaje claro: los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el ocaso. No importa cuán elegante sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios; trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier avión contrabandeado ilegalmente fuera de Estados Unidos”.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, enfatizó la importancia de esta operación al señalar que “la incautación del avión Dassault Falcon 900EX ilustra nuestro compromiso inquebrantable de hacer cumplir las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos e imponer sanciones por cualquier violación”. Lapointe destacó que esta exitosa incautación fue el resultado de la planificación, coordinación y ejecución del gobierno de Estados Unidos, con una valiosa asistencia de las autoridades de la República Dominicana.
La investigación realizada por las autoridades estadounidenses reveló que, a finales de 2022 y principios de 2023, personas afiliadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión Dassault Falcon 900EX, valorado en aproximadamente 13 millones de dólares, a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. Posteriormente, en abril de 2023, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe. Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con el código de cola T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y ha sido utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluido el transporte de Maduro en visitas a otros países.
El agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, Anthony Salisbury, subrayó que “la incautación de este avión es otra acción significativa realizada por HSI en colaboración con nuestros socios nacionales e internacionales contra las actividades ilegales del régimen de Maduro. Los esfuerzos aquí destacan el alcance global de HSI y nuestro compromiso continuo de hacer cumplir las sanciones estadounidenses y detener el flujo de ingresos ilícitos generados por la corrupción pública a alto nivel en el extranjero”.
Esta acción es coherente con la Orden Ejecutiva 13884 emitida en agosto de 2019 por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente en nombre del gobierno de Venezuela, incluyendo a miembros del régimen de Maduro. Además, el Departamento de Comercio ha impuesto controles de exportación para artículos destinados, en su totalidad o en parte, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano, con el objetivo de proteger los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
El caso está siendo investigado por la Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, junto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Fuerza de Tarea El Dorado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami. Los fiscales federales Joshua Paster y Jorge Delgado para el Distrito Sur de Florida, junto con el abogado Ahmed Almudallal de la División de Seguridad Nacional, están manejando el caso.
