En Tallahassee, Florida, las autoridades federales han lanzado una investigación sobre funcionarios estatales y locales en relación con la gestión del Departamento de Educación de Florida en el caso de una oferta multimillonaria para supervisar un distrito escolar rural. Este es un tema que la administración DeSantis se comprometió a investigar el año pasado.
La investigación es liderada por fiscales federales en Gainesville, quienes han solicitado una amplia cantidad de documentos. Esto incluye correspondencia entre funcionarios escolares, lobistas de escuelas charter y ex altos líderes del Departamento de Educación bajo el mando de DeSantis. Todo esto se relaciona con la larga saga del Distrito Escolar del Condado de Jefferson. Esta saga condujo a la renuncia de un alto funcionario del Departamento de Educación de Florida y del expresidente de la Junta de Educación del estado. La citación inicialmente fue reportada por el Miami Herald y el Tampa Bay Times.
La citación federal busca arrojar luz sobre cómo el Departamento de Educación de Florida podría haber direccionado un contrato para administrar el distrito escolar en favor de un exrepresentante estatal del Partido Republicano. Este individuo también era colega del antiguo Comisionado de Educación Richard Corcoran, quien es un aliado clave en materia educativa del gobernador DeSantis.
Emitida a finales de junio por un gran jurado federal, la citación podría finalmente proporcionar más información sobre un escándalo que generó indignación y que, en 2022, condujo a una «investigación» estatal. Sin embargo, hasta ahora, no se han hecho públicos los resultados de dicha investigación.
La investigación se centra en un contrato solicitado por Florida en 2021 para ayudar a la transición de las escuelas del Condado de Jefferson de nuevo a un formato de distrito escolar local tradicional. Durante los años anteriores, una compañía charter había operado las escuelas del condado debido a un bajo rendimiento académico y problemas financieros.
Se ha revelado que en dos ocasiones distintas, proveedores con vínculos con la administración DeSantis y Corcoran intentaron asegurar la oferta de $4 millones del estado para trabajar junto a las escuelas del Condado de Jefferson. Ambos casos parecen haber llamado la atención del Departamento de Educación del gobierno federal, específicamente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de Estados Unidos, con sede en Pembroke Pines, en el Condado de Broward.
El Departamento de Educación de Florida no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, previamente investigó a Andy Tuck y Melissa Ramsey. Ambos fueron objeto de una investigación para determinar si quebrantaron las reglas de conflicto de intereses al intentar conseguir el contrato estatal. Aunque esa investigación reveló que una compañía dirigida por Tuck y Ramsey presentó una solicitud a través de un tercero, su propuesta fue en parte «copiada y pegada» del trabajo de un competidor. Tuck y Ramsey renunciaron a sus puestos en medio de la investigación, lo que efectivamente cerró la investigación del departamento.
La citación federal busca obtener más detalles sobre las reuniones y operaciones internas entre funcionarios estatales y locales y otros actores. Esto incluye a nombres como Ramsey, el ex canciller de K-12 Jacob Oliva y Suzanne Pridgeon, subcomisionada de finanzas y operaciones del Departamento de Educación de Florida.
En resumen, esta investigación federal podría arrojar luz sobre un escándalo que ha llamado la atención y que ha generado interrogantes en torno a la transparencia y ética en la gestión del Departamento de Educación de Florida. Aunque una investigación estatal se realizó en 2022, no se han revelado resultados públicamente. La citación federal busca brindar claridad sobre este asunto y potencialmente revelar detalles que han permanecido ocultos hasta ahora.