El gobernador de Florida firma una polémica ley de inmigración: Cambios radicales esperan a los empleadores privados

El 10 de mayo de 2023, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley de inmigración (SB 1718) que introducirá cambios significativos para los empleadores privados con 25 o más empleados. Esta ley, aprobada por el Senado de Florida el 28 de abril de 2023 y por la Cámara de Representantes de Florida el 2 de mayo de 2023, incluye disposiciones relacionadas con la inmigración que harán lo siguiente:

  • Exigir al Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO, por sus siglas en inglés) que imponga sanciones que requieran la devolución de cualquier incentivo de desarrollo económico o la revocación de todas las licencias correspondientes, si el DEO descubre o recibe notificación de que un empleador ha contratado deliberadamente a una persona no autorizada para trabajar.
  • A partir del 1 de julio de 2023, requerir a los empleadores privados con 25 o más empleados que utilicen el sistema E-Verify para verificar la elegibilidad laboral de un nuevo empleado.
  • Prohibir a los condados y municipios otorgar fondos a cualquier persona, entidad u organización que emita documentos de identificación a individuos que no demuestren tener una presencia legal en los Estados Unidos.
  • No reconocer las licencias de conducir emitidas por otro estado a personas indocumentadas que no hayan podido demostrar una presencia legal en los Estados Unidos al momento de su emisión.
  • Requerir que ciertos hospitales recopilen información sobre el estado migratorio de los pacientes en formularios de registro o admisión.
  • Derogar una regulación que permitía que inmigrantes indocumentados ejerzan la abogacía en Florida.
  • Definir a los “coyotes” como cualquier persona que transporte deliberada y conscientemente a un individuo indocumentado al estado, quien conozca o “razonablemente debería haber conocido” su estatus migratorio. La ley también establece sanciones penales para las personas que transporten deliberada y conscientemente a un individuo indocumentado al estado.

Bajo esta ley, el DEO de Florida puede imponer sanciones a una persona si contrata, emplea, recluta o remite a un empleado para empleo privado o público a un individuo no autorizado para trabajar. Anteriormente, la autoridad de ejecución recaía en el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés). El DEO está facultado para imponer las siguientes sanciones civiles:

  • Requerir la devolución de cualquier incentivo de desarrollo económico.
  • Colocar al empleador en un período de prueba de un año y exigirle que informe trimestralmente al DEO para demostrar el cumplimiento de la ley.
  • Si se produce una violación de la ley dentro de los 24 meses posteriores a una violación anterior, el DEO tiene el poder de revocar o suspender todas las licencias emitidas por una agencia de licencias sujeta al Capítulo 120 de las Estatutos de Florida.
  • Si la violación posterior implica de 1 a 10 trabajadores no autorizados, el DEO puede suspender todas las licencias correspondientes que posea el empleador privado durante un máximo de 30 días por parte de las respectivas agencias que las emitieron.
  • Si la violación posterior implica de 11 a 50 trabajadores no autorizados, el DEO puede suspender todas las licencias correspondientes que posea el empleador privado durante un máximo de 60 días por parte de las respectivas agencias que las emitieron.
  • Si la violación posterior implica a más de 50 trabajadores no autorizados, el DEO puede revocar las licencias correspondientes que posea el empleador privado por parte de las respectivas agencias que las emitieron.

Además, a partir del 1 de julio de 2023, se requiere que todos los empleadores privados con 25 o más empleados utilicen el sistema E-Verify para verificar la elegibilidad laboral de los nuevos empleados. Actualmente, no es un requisito absoluto. La verificación de empleo debe realizarse dentro de los tres días hábiles posteriores al primer día en que el nuevo empleado comienza a trabajar a cambio de remuneración. Los empleadores obligados a utilizar E-Verify deberán certificar en sus declaraciones de impuestos anuales que cumplen con este requisito al contribuir o reembolsar el sistema de compensación por desempleo o asistencia para la recolocación del estado. Si el sistema E-Verify no está disponible durante los tres días hábiles posteriores al primer día en que el nuevo empleado comienza a trabajar, el empleador aún deberá completar un formulario de Verificación de Elegibilidad de Empleo (Formulario I-9) para verificar la elegibilidad laboral.

Independientemente de este mandato, según las regulaciones federales, todos los empleadores deben verificar la identidad y los documentos de autorización de empleo mediante la cumplimentación y conservación del Formulario I-9 antes de crear un caso en el sistema E-Verify.

Además, según esta ley, los empleadores deben conservar una copia de la documentación proporcionada y cualquier verificación oficial generada, durante al menos tres años. La ley no indica si el requisito de conservación de documentos se activará por la fecha de contratación o si comenzará tres años después de la fecha de terminación del empleo. Según las regulaciones federales, es probable que la ley pretenda que el requisito de conservación de documentos se active por la fecha de contratación. Las regulaciones federales establecen que un empleador debe conservar un Formulario I-9 por cada persona contratada durante tres años después de la fecha de contratación o un año después de la fecha de finalización del empleo, lo que ocurra más tarde.

Finalmente, a partir del 1 de julio de 2024, si el DEO determina que un empleador no utilizó el sistema E-Verify tres o más veces en cualquier período de 24 meses, podrá multar al empleador con $1,000 por día (a partir de la fecha en que el DEO determine que el empleador no utilizó el sistema E-Verify) además de suspender todas las licencias, hasta que el empleador proporcione pruebas de cumplimiento. Este mandato se aplica solo a los nuevos empleados y no se aplica a contrataciones anteriores o empleados existentes.

La nueva ley entrará en vigor el 1 de julio de 2023.

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